La reforma laboral de Javier Milei se tratará el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado. El pedido de sesión ya fue firmado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

Prácticamente tenemos el 95% de los temas cerrados, proclamó Bullrich, aunque no soltó prenda sobre el contenido de los cambios. Sin embargo, la disputa por la rebaja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impactaría en la recaudación de las provincias, aún no encuentra salida.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, reconoció que el capítulo fiscal es uno de los cabos sueltos del proyecto. Es uno de los temas que nos preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias, pero por lo menos lo estamos limando. Tenemos algunas alternativas. Va a depender de las últimas reuniones que tengamos, afirmó.

La CGT y las dos corrientes de la CTA ya convocaron a un paro con movilización para el 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. La central obrera se debate entre priorizar las negociaciones por el proyecto o endurecer su postura en las calles. Las protestas comenzarán este jueves en Córdoba y seguirán el martes 10 en Rosario.

Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) anunciaron las medidas en conferencia de prensa y no solo le hablaron a la CGT, sino también a los gobernadores: les exigieron que no convaliden esta entrega de los derechos de los trabajadores.

Este proyecto es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma. No se trata de ninguna modern, sino de un intento de regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX, advirtió Godoy.

El sindicalista denunció que se busca eliminar conquistas históricas como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de ocho horas y las garantías mínimas de protección, y concluyó que las consecuencias serían más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social.

Por su parte, Yasky señaló que el debate se da en un contexto donde Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina y el sector público es tomado como rehén, con una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo, en medio de anuncios de miles de nuevos despidos.